De Táchira a El Dorado, ¿vuelve el “hampoducto”?
En una de sus intervenciones públicas como presidente, Rómulo Betancourt (1958-1963) anunció un conjunto de medidas extraordinarias contra la delincuencia, fenómeno que, por lo visto, ya era un azote en nuestro país en aquellos tiempos. Con determinación el mandatario y líder adeco ordenó la creación del “hampoducto”, término de su reportorio lingüístico que posteriormente, además de arraigarse, daría mucho de qué hablar.
El “hampoducto”, según algunos datos que obtuvimos en diccionarios, glosarios y relatos colgados en portales de internet, es una palabra compuesta que resulta de la unión de hampa y ducto, es decir, una vía o canal para el desplazamiento, traslado, viajes, movilización, etc., de delincuentes. Y esa era la orden de Betancourt, quien parecía decidido a apelar a cualquier recurso para ponerle freno a la disparada de los índices de criminalidad.
Su propósito era encerrar lo más lejos posible a asesinos, atracadores, vagos, estafadores, homosexuales, travestis, maleantes, prostitutas, malvivientes, desocupados, malhechores, brujos, pedigüeños, fleteros y toda una amplia gama de calificativos que estaban perfectamente encuadrados para esa época en la legislación penal, específicamente en la temida Ley sobre Vagos y Maleantes, que posibilitaba que sin mayor proceso ni protocolo, quien se resbalara, fuera enviado por canal "express" para las Colonias Móviles de El Dorado.
El Dorado, penitenciaría ubicada selva adentro del estado Bolívar, fue el sitio escogido por el gobierno de Rómulo Betancourt para encerrar a todo lo que era considerado por jueces y prefectos la “plaga” del momento. Y así entró en funcionamiento el “hampoducto”, o puente aéreo que facilitaba el traslado de delincuentes de todo el país a la temida cárcel escondida en la selva guayanesa, al sur del Orinoco.
Desde La Carlota y otros aeropuertos de ciudades vecinas de la región capital y central, partían con frecuencia los aviones cargados de maleantes que ya no eran bienvenidos en las cárceles y penitenciarias del resto del país. Las Colonias Móviles de El Dorado eran su destino. Otros, provenientes de lugares más cercanos, eran llevados en autobús.
El “paquete” promocional de El Dorado incluía su ubicación en un inhóspito lugar en medio de la selva, al que se tenía acceso sólo en aviones y helicópteros militares, lo que prácticamente descartaba la posibilidad de fuga. Se suma a esto un entorno de altas temperaturas, infestado de serpientes venenosas, plagas de todo tipo y la amenaza de cocodrilos y tigres y otras fieras y "bichos" de la selva. Adicionalmente y, por si fuera poco, los huéspedes de El Dorado debían completar sus penas realizando difíciles trabajos agrícolas en granjas y sembradíos, bajo la mirada intraficable de vigilantes civiles y militares.
El “hampoducto” se mantuvo vigente hasta tempos recientes. Varios gobiernos lo implementaron con mayor o menor intensidad. En todo caso, el marco legal para que jueces y prefectos ordenaran el envío de un reo a El Dorado, fue casi siempre La Ley sobre Vagos y Maleantes, que entró en vigencia en agosto de 1939 y había sido reformada en julio de 1943.
El proceso era tan expedito, que un prefecto, vía administrativa, sin hacer ninguna consulta a un juez, podía condenar a una persona a hasta 2 años de cárcel, en base a los supuestos de la Ley de Vagos y Maleantes. Y en muchos casos, ordenaba su traslado a El Dorado, bien lejos de sus familiares.
Esto ocurrió hasta el 14 de octubre de 1997, cuando luego de un largo proceso de casi 12 años impulsado por el abogado José Fernández Núñez, la entonces denominada Corte Suprema de Justicia decretó la inconstitucionalidad total de la Ley sobre Vagos y Maleantes, por considerarla violatoria de los Derechos Humanos.
Desde entonces, El Dorado ha funcionado como centro de internamiento de criminales de alta peligrosidad que requieren aislamiento y confinamiento especial. También estuvo un tiempo cerrado, sin embargo, ha sido sometido a algunas adecuaciones que le han permitido seguir funcionando.
“Trocheros” a El Dorado
Recientemente el Fiscal General de la República, Tareck William Saab, anunció que un grupo de “trocheros”, como se le conoce a sujetos que de manera organizada trafican personas en los pasos clandestinos de la frontera entre Venezuela y Colombia, serán trasladados a la cárcel de El Dorado. Sus causas penales serán radicadas en el Estado Bolívar. Les serán imputados los delitos de tráfico ilegal de personas, instigación a la desobediencia de las leyes, propagación de epidemia, incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad, favorecimiento bélico, corrupción entre particulares y asociación para delinquir.
“Estas prácticas han generado una situación de suma gravedad desde el punto de vista del resguardo de nuestra soberanía, y ponen en riesgo a la salud colectiva ante la grave pandemia del covid-19, por cuanto evaden las pruebas para descartar la enfermedad, el registro y control de ingreso ante el Saime y la cuarentena obligatoria", dijo el Fiscal General.
“Por esta razón, los 13 privados de libertad serán enviados al Centro Penitenciario de Oriente, en El Dorado, y el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido la radicación de estas causas en la jurisdicción del estado Bolívar, en razón a que las mismas han causado conmoción en Táchira”.
Por otra parte, el “protector del Táchira”, Freddy Bernal, dijo que había conversado con las autoridades judiciales de la entidad para pedir la radicación de los juicios por tráfico de personas, de modo que se cumpla la sentencia en la cárcel de El Dorado. Hasta el momento –aseveró- son 26 los “trocheros” que serán enviados al internado del estado Bolívar.
¿Vuelve el “hampoducto”?
Tariba_aldia@yahoo.com
El “hampoducto”, según algunos datos que obtuvimos en diccionarios, glosarios y relatos colgados en portales de internet, es una palabra compuesta que resulta de la unión de hampa y ducto, es decir, una vía o canal para el desplazamiento, traslado, viajes, movilización, etc., de delincuentes. Y esa era la orden de Betancourt, quien parecía decidido a apelar a cualquier recurso para ponerle freno a la disparada de los índices de criminalidad.
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El Dorado, penitenciaría ubicada selva adentro del estado Bolívar, fue el sitio escogido por el gobierno de Rómulo Betancourt para encerrar a todo lo que era considerado por jueces y prefectos la “plaga” del momento. Y así entró en funcionamiento el “hampoducto”, o puente aéreo que facilitaba el traslado de delincuentes de todo el país a la temida cárcel escondida en la selva guayanesa, al sur del Orinoco.
Desde La Carlota y otros aeropuertos de ciudades vecinas de la región capital y central, partían con frecuencia los aviones cargados de maleantes que ya no eran bienvenidos en las cárceles y penitenciarias del resto del país. Las Colonias Móviles de El Dorado eran su destino. Otros, provenientes de lugares más cercanos, eran llevados en autobús.
El “paquete” promocional de El Dorado incluía su ubicación en un inhóspito lugar en medio de la selva, al que se tenía acceso sólo en aviones y helicópteros militares, lo que prácticamente descartaba la posibilidad de fuga. Se suma a esto un entorno de altas temperaturas, infestado de serpientes venenosas, plagas de todo tipo y la amenaza de cocodrilos y tigres y otras fieras y "bichos" de la selva. Adicionalmente y, por si fuera poco, los huéspedes de El Dorado debían completar sus penas realizando difíciles trabajos agrícolas en granjas y sembradíos, bajo la mirada intraficable de vigilantes civiles y militares.
El proceso era tan expedito, que un prefecto, vía administrativa, sin hacer ninguna consulta a un juez, podía condenar a una persona a hasta 2 años de cárcel, en base a los supuestos de la Ley de Vagos y Maleantes. Y en muchos casos, ordenaba su traslado a El Dorado, bien lejos de sus familiares.
Esto ocurrió hasta el 14 de octubre de 1997, cuando luego de un largo proceso de casi 12 años impulsado por el abogado José Fernández Núñez, la entonces denominada Corte Suprema de Justicia decretó la inconstitucionalidad total de la Ley sobre Vagos y Maleantes, por considerarla violatoria de los Derechos Humanos.
Desde entonces, El Dorado ha funcionado como centro de internamiento de criminales de alta peligrosidad que requieren aislamiento y confinamiento especial. También estuvo un tiempo cerrado, sin embargo, ha sido sometido a algunas adecuaciones que le han permitido seguir funcionando.
“Trocheros” a El Dorado
Recientemente el Fiscal General de la República, Tareck William Saab, anunció que un grupo de “trocheros”, como se le conoce a sujetos que de manera organizada trafican personas en los pasos clandestinos de la frontera entre Venezuela y Colombia, serán trasladados a la cárcel de El Dorado. Sus causas penales serán radicadas en el Estado Bolívar. Les serán imputados los delitos de tráfico ilegal de personas, instigación a la desobediencia de las leyes, propagación de epidemia, incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad, favorecimiento bélico, corrupción entre particulares y asociación para delinquir.
“Por esta razón, los 13 privados de libertad serán enviados al Centro Penitenciario de Oriente, en El Dorado, y el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido la radicación de estas causas en la jurisdicción del estado Bolívar, en razón a que las mismas han causado conmoción en Táchira”.
Por otra parte, el “protector del Táchira”, Freddy Bernal, dijo que había conversado con las autoridades judiciales de la entidad para pedir la radicación de los juicios por tráfico de personas, de modo que se cumpla la sentencia en la cárcel de El Dorado. Hasta el momento –aseveró- son 26 los “trocheros” que serán enviados al internado del estado Bolívar.
¿Vuelve el “hampoducto”?
Tariba_aldia@yahoo.com
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