CONEXIÓN CÁRDENAS (21-12-2022): A días de apertura plena de la frontera la inseguridad alcanza niveles récord en Cúcuta


Cúcuta, capital del departamento colombiano Norte de Santander, alcanzó durante el mes de noviembre y lo que va de diciembre, niveles récord de inseguridad y así lo han expresado las autoridades de esa región fronteriza, en la que no transcurre un día sin que ocurra un sicariato en plena zona comercial y numerosos asaltos que son cometidos por pandillas de motorizados que operan tanto en el área metropolitana como en distintos sectores de los municipios fronterizos.

El propio alcalde Jairo Yáñez dio la voz de alarma y pidió mayor esfuerzo de las autoridades civiles y militares, al tiempo que ha venido expresando su preocupación por la llegada masiva de vehículos desde San Antonio del Táchira, a partir del próximo 1 de enero. Desde hace algún tiempo el tránsito automotor en esa ciudad se encuentra colapsado, al igual que todos los espacios públicos, aceras y plazas, de un lado, por la presencia anárquica de vendedores ambulantes y por otra parte por la concentración masiva de habitantes de la calle, muchos de los cuales se dedican a actividades ilícitas.


Los lugares en los que se registra mayor número de crímenes de todo tipo son la zona comercial de Cúcuta y sus alrededores, así como La Parada y otros puntos de Villa del Rosario, municipio que conecta con Venezuela por el puente internacional Simón Bolívar y por numerosos pasos irregulares o trochas. Muy cerca de allí, grupos criminales operan en El Escobal, que es la primera comunidad que deben transitar las personas que desde Ureña, atraviesan el puente Francisco de Paula Santander para dirigirse a territorio colombiano. Por mucho tiempo, El Escobal fue considerado el barrio más peligroso de Colombia y es de conocimiento público que en la actualidad numerosos grupos criminales operan en este punto de la franza fronteriza.

El barrio La Merced, ubicado muy cerca del Canal Bogotá, es una de las zonas más frecuentada por venezolanos que van a Cúcuta, ya que allí se encuentran las ventas de respuestos automotrices, que en algunos casos pueden ser adquiridos a precios muy por debajo de los del comercio venezolano. Y esto atrae a personas de todas partes, quienes ignoran que es un territorio sin ley, uno de los favoritos del hampa de ese departamento. En las estructuras de concreto del Canal Bogotá habitan centenares de indigentes y grupos de delincuentes, en su mayoría adictos a las drogas, quienes ven en la llegada de venezolanos a la zona de los “repuesteros” un atractivo para realizar sus actos criminales. Y esto ocurre diariamente. Abundan las historias sobre verdaderas desgracias ocurridas en este sector del barrio La Merced, pero la mayoría no se hacen públicas.


Lo de las trochas merece un capítulo aparte y bastante hemos hablado de ello en este espacio. Se creía que la llegada de Gustavo Petro al poder y los acuerdos alcanzados por ambos países en distintos aspectos, se traduciría en la toma inmediata de estos corredores de la muerta por fuerzas militares y grupos espcializados en combatir al crimen organizado. Sin embargo, hasta la fecha, esto no ha ocurrido y los asesinatos en estos pasos clandestinos de mercancías de todo tipo siguen ocurriendo.

Una última recomendación si en sus planes está visitar Norte de Santander a partir del 1° de enero de 2023: ¡cuídense mucho y cuiden sus automóviles!

¿Hay un límite de tolerancia con los infractores y los anarquistas?

El comportamiento de algunos usuarios de espacios públicos como plazas, parques, zonas comerciales, oficinas gubernamentales, áreas residenciales e incluso al conducir vehículos de cualquier tipo, parece indicar que muchos de ellos viven en permanente estado de desacato o desobediencia de las leyes y de las reglas de convivencia más básicas que existen en toda sociedad. Entendemos que durante mucho tiempo ha habido excesiva permisividad y tolerancia con los infractores. Pero las leyes no son para relajarlas ni para negociarlas. Así que las autoridades que han permitido que se llegue a los niveles de desorden y bravuconería actuales, tienen una importante cuota de responsabilidad.


A mucha gente se le olvidó -o no lo saben- que la ignorancia de las leyes no es excusa para su incumplimiento. Y es lo que se está viviendo actualmente, cuando quieren meter en cintura a tanto infractor que hace lo que le da la gana. Es una proeza conseguirse con un conductor que cumpla al pie de la letra la Ley de Tránsito. Cada quien la interpreta como mejor le parece. Muchos acostumbran a estacionarse en lugares prohibidos, hacer cruces ilegales, violar señales y semáforos en rojo y conducir a velocidad que excede los límites permitidos. Igual situación se presenta con algunos comerciantes y vendedores informales que decidieron agarrarse aceras, calles y otros espacios para colocar sus mercancías, tarantines, ferias de verduras, pescaderías, etc. Otros, igual de guapos, no esperan siquiera la llegada del fin de semana para colocar estridente música a todo volumen en sus casas, negocios y en sus vehículos, sin importarles la contaminación sónica que generan, perturbando la tranquilidad de muchas personas más.

Y lo peor es que se creen con derecho. Desafían a la autoridad y a quienes los denuncian. Levantan el hacha de la guerra y cazan una pelea con quien sea, sin importarles el derecho de los demás a vivir en paz. Desconocen además el imperio de la ley y la investidura de las instituciones, agreden a sus vecinos e insultan en las redes sociales cuando se sienten aludidos. ¿En qué momento llegamos a este extremo? Es impreciso decirlo. Por ninguna razón se puede volver a la barbarie. La sensatez, el orden y el buen sentido deben prevalecer.

El hábito de conducir borracho

Pese a que la Ley de Tránsito, el Código Penal y otras leyes establecen penas que incluyen prisión para quienes consuman bebidas alcohólicas mientras conducen un vehículo, a mucha gente no se le quita el hábito de emborracharse frente al volante.

Desde horas de la tarde, muchas licorerías empiezan a ser frecuentadas por todo tipo de público, incluso menores de edad. Y numerosos automóviles y motos suelen permanecer alineados frente a estos establecimientos, en algunos casos sobre las aceras y hasta en doble fila. Entrada la noche, el escenario es igual en bares, tascas y discotecas. Luego, mucho más tarde, en avanzado estado de embriaguez, estas personas emprenderán el regreso a sus hogares, o quizá se desplacen para seguir la farra en otro lugar.

Este escenario es una suerte de pandemia que frecuentemente enluta a hogares venezolanos, como ha ocurrido en los últimos días en el estado Táchira. Basta con ojear los titulares de la prensa para enterarse de los estragos que deja el consumo excesivo de alcohol y la enorme irresponsabilidad de quienes conducen en estado de embriaguez. ¿Y los controles?


Pues tenemos años sin ver a un funcionario público aplicar una prueba de alcoholemia. La mayoría de organismos de seguridad ni siquiera cuentan con los dispositivos para practicarla. Así las cosas, no hay manera de que un oficial de policía detenga a un borracho y determine el grado de alcohol presente en su cuerpo. Y, aunque existen estándares internacionales que estableces estos límites, en realidad en nuestro país hay una ignorancia total sobre el tema.

Mucha gente no entiende que conducir en estado de embriaguez es, más que una falta, un delito, que, en teoría –y así lo establecen las leyes- es sancionado con prisión, multa y otras penas accesorias. Pero casi todo el mundo sabe que, pese a que conduzca ebrio y a exceso de velocidad, es muy poco probable que alguna autoridad lo retenga y lo sancione de acuerdo a los preceptos legales.

El hábito de conducir borracho, poniendo en riesgo la vida de muchas personas, está muy arraigado en nuestro país, donde los “líos” con la autoridad parecen resolverse con facilidad. En muchas naciones, las multas por este delito son elevadísimas. Si la concentración de alcohol en el cuerpo excede determinados límites, el infractor es detenido y procesado judicialmente. Y las sanciones contemplan además la suspensión por determinado período de tiempo y hasta de por vida, de la licencia de conducir.

Pero aquí en Venezuela, no estamos preparados para ese debate. Será que debemos acostumbrarnos a ver a algunos “superconductores”, con una cerveza y el volante en una mano y el celular y el cigarrillo en la otra, mientras cambia la música y escribe mensajes por whatsapp? Y naturalmente, con varias personas a bordo de su automóvil. ¡Insólito!

Corridas y maltrato animal ¿Qué pasó con el proyecto del Fiscal?

Colombia va a paso lento pero sostenido hacia la prohibición definitiva de las corridas de toros. Recientemente la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que podría poner punto final a esta modalidad de crueldad animal que algunos llaman “arte”. Aún restan dos discusiones más, lo que desde ya anticipa una cerrada lucha entre las distintas fracciones de la Cámara. El proyecto, que también incluye la regulación de los toros coleados y las peleas de gallos, entró a la agenca del Legislativo colombiano mucho antes de la llegada de Gustavo Petro al poder y por diversos intereses su discusión ha sido suspendida y dilatada varias veces. Sin embargo, en esta oportunidad hubo quorum para desengavetarlo y aprobarlo.


En Venezuela, por el contrario, el “ala taurina” del gobierno se llevó por los cachos el proyecto de ley y la iniciativa del Fiscal General Tarek Williams Saab que prohibiría las corridas y llenaría el vacío legal existente en materia de maltrato animal. Desde hace aproximadamente un año, Saab hizo pública la elaboración del proyecto de ley que, según dijo, sería presentado a la Asamblea Nacional para discutirlo y convertirlo en ley. Por esos mismos días, el No. 1 del Ministerio Público dictó varias medidas precautelativas que ordenaban la suspensión de corridas de toros en Aragua, Carabobo y Lara. Estos casos fueron revisados por tribunales de la república que coincidieron con el Fiscal y decretaron la legalidad de las medidas en las que prohibía dichas actividades.

Sin embargo, en Táchira no fue así. El Fiscal dictó la medida precautelativa con la que suspendía las corridas de la Feria de San Sebastián, pero un juez de la localidad, a diferencia de los casos de Maracay, Valencia y Carora, anuló la medida dictada por la Fiscalía y autorizó la realización de las jornadas taurinas de la tradicional feria sancristobalense. De esto ya se va a cumplir un año y los carteles para las corridas de enero de 2023 ya fueron anunciados. Así que de nada serviría a estas alturas cualquier iniciativa del Dr. Saab, quien no ha vuelto a hablar del asunto. ¿Será que en la AN descartaron y engavetaron su proyecto de ley, que además de prohibir las corridas sentaría las bases legales para prevenir el maltrato animal en todas sus expresiones?


Ojalá y retomen el debate, deberían hacerlo. El país está dividido en cuanto a la continuación o no de lo que describimos como la forma de torturar a un animal y desangrarlo hasta la muerte, para finalmente rematarlo con una espada.

Sin embargo, el puro hecho de que al Fiscal le haya tocado replegarse y guardar su proyecto, ya es una mala señal.

Luis Padilla Niño


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